Sin memoria no hay convivencia

Decía Quevedo que, en un país donde no existe la justicia, es peligroso tener razón. Tal vez fue, precisamente, la razón lo que le faltó a los golpistas, a los “nacionales”, y a los dirigentes franquistas que construyeron durante cuatro décadas un poder absoluto sobre la ausencia de millones de personas, de millones de voces. Por eso, porque nunca les acompañó la razón, pensaron que en España no debía existir la justicia, y quisieron que la transición se convirtiese en una amnistía. Esa fue, en realidad, su condición para aceptar la libertad: el olvido.

Pero una libertad sin memoria no es libre. Una libertad condicionada al olvido, está amputada, y decir que recordar es complicar la convivencia, es hacer un vil chantaje moral. Nadie preguntó a los españoles, en la transición, si querían olvidar. Se les pregunto: ¿Queréis democracia? ¿Queréis paz? Y la gente dijo que sí. Claro, también la querían antes, pero se la negaron. En ningún punto de la Constitución se dijo que España debía sufrir amnesia.

Hoy, cuando el juez Garzón aplica la Ley de la Memoria Histórica, que no enjuicia a nadie (de eso se encarga la Historia, con mayúsculas, no esta ley), que no ajusta cuentas con nadie, lo único que hace es habilitar, hacer posible, la memoria, tantos años prohibida, arrinconada, de nuestros seres queridos: dónde están, dónde los fusilaron y dónde los enterraron. Eso no nos lo pueden quitar. Ese no es el peaje de la convivencia. Lo que hace posible la convivencia no es el olvido del sufrimiento, sino el reconocimiento y la comprensión de ese sufrimiento, y esa sigue siendo una asignatura pendiente de la derecha. Sin dignidad no hay convivencia, sino sometimiento.

Tal vez, quienes no tuvieron razón, son los que ahora no quieren saber nada de la memoria.

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