La educación o la caverna

“La educación para la ciudadanía” va a ser, presumiblemente, un motivo más de batalla entre Iglesia-PP y el Gobierno socialista en un contexto de tenso caos preelectoral. Presumiblemente, la Iglesia lanzará, a través de la COPE y Telemadrid, a los militantes del PP a las calles para agitar las conciencias hispanas. Se ve venir y así será. Tiempo al tiempo.
Vayamos al contenido. Si hay algo que el Estado debería poder imponer en democracia –y para la democracia-, sin tapujos, sin reservas, y con el consenso de todos, es el respeto al otro. La libertad, nos dice la teoría, es la posibilidad de elección entre diversas opciones y por tanto, esa convivencia inevitable entre diferentes justifica la democracia, protegida por los tabiques del Estado y la Justicia, alentada por la educación en su sentido más amplio.

Cualquiera debería saber que la España democrática de nuestros días se sustenta sobre un Estado aconfesional, que respeta la libertad ideológica y de credo, que la razón de nuestra convivencia tiene por origen un contrato ciudadano y que no presupone una atávica comunidad de cristianos –como sucedió hasta la muerte de Franco- y cuya carta Constitucional reconoce y consagra su diversidad interior de idiomas, culturas y tradiciones. Si llevamos siendo eso casi treinta años, si estamos orgullosos de serlo, ¿por qué no enseñarlo, también con orgullo, a nuestros hijos?

Al orgullo, sumamos la urgencia de un país cuya diversidad se ve amplificada por la llegada de inmigrantes, la libre circulación de ciudadanos europeos y, en general, los profundos efectos de la globalización.

Señalaba Isaiah Berlin: “En un mundo donde los derechos humanos nunca hubieran sido pisoteados, ni los hombres se persiguieran los unos a los otros por lo que creen o por lo que son, no sería necesario defender la causa de la tolerancia”. Pero ese mundo no es éste. La tolerancia no emerge como consecuencia directa de la libertad de horarios comerciales, como pretende Esperanza Aguirre. Antes bien, el Estado, un Estado cuyo átomo indivisible es el ciudadano libre y autónomo –y no la familia nuclear, que es radioactiva- debe preparar a los individuos para una tolerancia que luego exigirán las propias leyes, así como la experiencia cotidiana de la convivencia en un mundo complejo.

Si enseñar la libertad, si enseñar a ser ciudadano es adoctrinar, será, en cualquier caso, el único adoctrinamiento que el Estado puede hacer: el cívico, el neutro, el que es válido para todos, el que podamos compartir todos por encima de lo que nos separa. Frente a esta opción, el PP de Pilar del Castillo propuso religión católica evaluable sí o sí. Y es lógico que, con este PP enclaustrado en la COPE y en sus seminarios de ideas fijas, se inaugure la enésima disputa nacional. Vuelven a confrontarse no sólo dos formas de concebir la educación, sino dos maneras de mirar y entender España: como un país diverso y laico, cimentado sobre el concepto de ciudadanía, o un país cuya identidad permanece secularmente secuestrada por la Iglesia y el catolicismo.

Educar para convivir en libertad es un reto de origen republicano y el destino de cualquier democracia, es cierto. Desde el Emilio Rousseau hasta nuestros días la filosofía busca un camino ético que permita a la humanidad abrazarse en unos principios comunes, por encima de divergencias religiosas y posicionamientos políticos. Pocas cosas compartimos, pero éstas, como los derechos humanos, los principios de la convivencia, el respeto a las leyes y las instituciones, no deberían ser cuestionadas por quien participa del sistema democrático.

La reacción proviene de la Iglesia y el PP por dos motivos paralelos:

En primer lugar despoja a la Iglesia del monopolio en el suministro de la conciencia colectiva, que queda reducido a una comunidad ahora más pequeña –y no igual de amplia- que la sociedad. Y además, hace competir a la Iglesia católica en el suministro de esa fe con otras religiones igualmente respetadas en nuestra Constitución. Pérdida del monopolio y aparición de competencia. Esa es la primera causa de la beligerancia de los obispos ante esta asignatura.

Con respecto al PP, por su parte, la activación de una ciudadanía crítica y autónoma camina en el sentido opuesto a la conservación de formas arcaicas de discriminación que están en la génesis de los valores de la derecha. Aquí encontraríamos el nacionalismo, la familia tradicional encabezada por el varón, el catolicismo como base moral de los individuos y el rechazo a formas sociales divergentes a las católicas, como el divorcio, las parejas homosexuales, la diversidad religiosa…etc.

Frente al reto ilustrador, la caverna conservadora ruge dolida ante su pérdida. Eso ya ha pasado en España, un país donde los diferentes esfuerzos modernizadores y liberales, como el que representó la Institución Libre de Enseñanza, sufrieron la incomprensión de las sotanas y los bombazos de los militares irredentos.

En conclusión: Volverá la derecha aguerrida con su pavor de sacristía a retumbar por las calles de la Castellana, a troquelar con la tipografía del fin del mundo los titulares de periódicos afines y a incendiar las ondas matutinas con sermones prebélicos. Ellos y sólo ellos, son la mejor muestra de cuán necesaria es la asignatura de Educación para la Ciudadanía en España.

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